En Chile, el 11% del total de la fuerza laboral es extranjera, esto es, poco más de 1 millón de personas. Su incorporación al mercado del trabajo ha sido relevante, mientras distintos gremios y economistas han promovido la eliminación del tope de 15% de contratación foránea que establece el artículo 19 del Código del Trabajo, para empresas de más de 25 personas. Esta medida, dicen, contribuiría a una mayor formalización.
Para realizar un análisis del cumplimiento de la normativa con datos concretos, Nómade Consultora solicitó a la Dirección del Trabajo las multas que el organismo ha aplicado en los últimos años por infracciones a esta regulación. Las cifras muestran que entre el 2017 y 2023, la DT aplicó 237 sanciones a 231 empresas por el incumplimiento de esta normativa.
De estas, el 28% se concentra en la agricultura, con 67 sanciones. Más atrás se ubica la industria manufacturera, con 33; el comercio, con 32, y la construcción, con 29.
“En primera instancia, sea por cantidad de personas extranjeras que trabajan en empresas de más de 25 personas o por ramas de la actividad económica con mayor cantidad de sanciones, el artículo al parecer se acota a cierto tipo de empresas o sectores”, señala el socio de Nómade Consultora, Víctor Hugo Lagos.
El economista y director del OcecUDP, Juan Bravo, señala que, al primer trimestre de 2024 había 561.518 asalariados formales del sector privado que son extranjeros, y si se consideran solo empresas de 50 o más trabajadores —el INE no permite desglosar a partir de 25—, los asalariados formales del sector privado que son extranjeros alcanzaban los 297.002. “Así, el total de multas es ínfimo en comparación con el total de asalariados formales del sector privado. Esto puede deberse a que la mayoría de las organizaciones cumple la normativa o a que la fiscalización es poca”, dice Bravo.
Por otra parte, el tope de extranjeros tiene excepciones, las que no siempre son consideradas por las empresas al momento de contabilizar a sus trabajadores migrantes. En primer lugar, se eximen las personas extranjeras, “cuyo cónyuge o conviviente civil o sus hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno”. También se exime a “los extranjeros residentes por más de cinco años en el país”, además del “personal técnico especialista”.
Lagos dice que cada vez son más las personas extranjeras que cumplen al menos uno de los requisitos que exime del cómputo del 15% de tope.
Por lo mismo, agrega que, “desde el punto de vista técnico, no hay argumento para establecer un tope”, e incluso si se ampliara, por ejemplo a 50% de la planilla, seguirá siendo subjetiva la discusión sobre el porcentaje.
Juan Bravo coincide en que la cuota máxima de contratación de extranjeros no tiene sustento técnico y, además, atenta contra la eficiencia e inhibe la formalidad laboral. “De no eliminarse, al menos, sería necesario evaluar relajar la restricción”, plantea.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, asegura que desde el gremio siempre han llamado a cumplir la ley para fomentar la formalidad laboral, “pero somos conscientes de que esta no se ajusta a la realidad; el 15% actual de tope de contratación de extranjeros debería flexibilizarse, debido a que hoy Chile es un país mucho más multicultural que hace algunos años”. Agrega que, “en el caso de la agricultura, el trabajo de los migrantes es muy valorado, sobre todo en las temporadas peak, donde contamos con ciclos de cosecha y operación muy específicos”.
Medidas alternativas
Ante múltiples iniciativas legislativas para modificar el artículo que no han visto la luz, desde la consultora señalan que hay otras medidas que se pueden implementar por mientras. Sugieren la publicación e implementación del artículo 143 de la Ley de Migración y Extranjería, referido al reconocimiento de títulos del extranjero, lo que, en su opinión, podría fundamentar más a extranjeros como “personal técnico especialista” en las empresas.
En segundo lugar, propone realizar capacitación a empresas en la aplicación de excepciones al artículo 19 del Código del Trabajo. Por último, plantean agilizar tramitaciones de solicitudes de nacionalización por parte del Servicio Nacional de Migraciones.
