Por Gabriela Mondaca, La Tercera
Perú, Venezuela y Colombia son los países de origen que concentran el voto extranjero de cara al plebiscito sobre la nueva propuesta constitucional el próximo 17 de diciembre. En base a los datos del Servel, la consultora Nómade cifra en 676.028 los migrantes habilitados para sufragar (4,4% del padrón). Para 2030 se estima que el número alcance el millón de personas.
Aunque el número de migrantes con derecho a voto ha aumentado de forma veloz en los últimos años, la participación en las urnas de la población extranjera era más bien baja. Eso, hasta que en 2022 se repuso el sufragio obligatorio. En el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, cuando triunfó la opción Rechazo (61,8%), los migrantes autorizados para votar fueron 514.628. Ahora, de cara a la consulta sobre la propuesta de nueva Constitución, esa cifra llegará a 676.028.
Según datos del Servicio Electoral (Servel), analizados por la consultora Nómade, gracias a la política pública de inclusión electoral ahora el 4,4% del padrón nacional está compuesto por migrantes. Es decir, desde el 4-S hasta el 17-D se registró un aumento de un 31,3%, con 161.400 nuevos votantes extranjeros entre un proceso constitucional y el otro.
De acuerdo con las proyecciones de la consultora Nómade, antes de 2030 el padrón electoral de personas refugiadas y migrantes habilitadas para votar podría alcanzar nada menos que el millón de personas a nivel nacional. En principio, porque esta comunidad mantendría su residencia en Chile, no solo como lugar de tránsito.
El fenómeno del voto migrante ha quedado más expuesto en los últimos tres años. Según registros del Servel, en el plebiscito de entrada de 2020, cuando se impuso el Apruebo (78,2%) y se optó por una Convención Constitucional, hubo 378.829 extranjeros habilitados para votar. A su vez, en las elecciones municipales de mayo de 2021 se contabilizaron 414.920, mientras que en las presidenciales de noviembre de ese mismo año ese número aumentó a 449.919.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, solo cinco países a nivel global conceden el derecho a votar en las elecciones nacionales a todos los migrantes, sea cual sea su nacionalidad. Además de Chile, este grupo está integrado por Ecuador, Malawi, Nueva Zelandia y Uruguay.
El crecimiento responde a que los extranjeros avecindados por más de cinco años en el territorio nacional pueden ejercer el derecho a voto consagrado en el artículo 14 de la Constitución vigente, siempre y cuando sean mayores de 18 años, no estén condenados -o acusados- por delitos de pena aflictiva o hayan presentado conductas terroristas.
Según José Tomás Vicuña, de Nómade Consultora, en los últimos cinco años se han incorporado poco más de 400.000 personas extranjeras al padrón nacional. En las elecciones con voto voluntario de 2020, 2021 y la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2021, el promedio de participación fue de 20% entre los votantes extranjeros.
En cuanto a los procesos electorales con voto obligatorio, la tasa de participación de personas migrantes alcanzó el 61,3% para el plebiscito de 2022. Esa vez, 200 mil extranjeros no sufragaron pese a que estaban en condiciones de ejercer su derecho a voto.
Brecha en participación
Para Vicuña, el aumento del padrón migrante lleva a al menos tres reflexiones: primero, que Chile se consolida como país de destino y las personas permanecen porque se sienten cómodas en el país. Segundo, que puedan votar significa que están en una situación migratoria regular. Y en tercer lugar, que el aumento del padrón debe evaluarse con la tasa de participación electoral.
“Si bien con voto obligatorio aumentó considerablemente la participación de personas extranjeras, aún se observan amplias diferencias entre la participación electoral de personas chilenas y extranjeras”, agrega el investigador.
La mayor parte del voto extranjero en Chile proviene de América Latina. Según datos del Servel, el país que lidera la lista es Perú, con un total de 183.227 personas, lo que representa cerca de 7.500 personas más que el plebiscito pasado.
A Perú lo sigue Venezuela, con 107.479 personas habilitadas para sufragar, casi 64 mil votantes más que en 2022. En tercer lugar se ubica Colombia, con 86.207, con un aumento de 14 mil respecto al 4-S. A continuación figuran Haití con 64.411, Bolivia con 61.758 y Argentina con 32.135. En el plebiscito de 2022 Haití ocupaba el cuarto lugar y Bolivia, el quinto.
En cuanto a cómo se comportan los votantes extranjeros, Vicuña afirma que para este análisis es necesario diferenciar participación electoral con cantidad de votos emitidos. Por ejemplo, para el plebiscito de 2022 quien tuvo una mayor tasa de participación fue la población venezolana, con un 76,9%, lo que se traduce en cerca de 33.500 personas. Pero quienes más votos emitieron fueron los peruanos, con poco más de 120 mil sufragios, los que equivalen a un 68,9% de participación.
“La población venezolana suele ser la comunidad con más altos índices de participación desde las elecciones del plebiscito 2020 y probablemente se transforme en la comunidad con mayor cantidad de personas habilitadas”, recalca el experto. Vicuña agrega que “el alto porcentaje de votación puede vincularse a más años de estudio (ocurre con personas chilenas también) y a una comunidad que justamente migra por la crisis, entre otras dimensiones, en el sistema político, por lo que está más vinculada a la temática”.
El análisis de Nómade también ahonda en los partidos y afiliaciones políticas de la población migrante. En el último plebiscito de 2022 se evidenció que 3.131 extranjeros habilitados para sufragar estaban inscritos en algún partido político. La lista fue liderada por el Partido Comunista, con 440 migrantes militantes, seguido de la UDI, con 336. La lista siguió con 328 personas inscritas en el Partido Radical, 323 en Convergencia Social y 316 en Renovación Nacional.
Votación por comuna y región
Entre 2017 y 2023 se ha observado un considerable aumento en la cantidad de personas migrantes habilitadas para votar por región. Tanto así que el menor crecimiento porcentual entre ambos años fue Arica y Parinacota, con un 78,3%. A su vez, el mayor aumento tuvo lugar en el Maule, con un incremento de un 340,8% del padrón extranjero a nivel regional.
Respecto a la proporción del padrón regional de personas refugiadas y migrantes, las zonas con mayor representatividad son Tarapacá (13,7% del padrón), Antofagasta (12,4%), Arica y Parinacota (8%) y la Región Metropolitana (7,6%). Las regiones que cierran la lista son Biobío (0,8%), Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, con 0,7%, respectivamente.
En cuanto a la incidencia que esta población de votantes podría tener el 17-D, Vicuña afirma que en elecciones a nivel nacional y si los resultados son estrechos, “sin duda que el voto migrante podría incidir. En algunas regiones o comunas podría tener incidencia cuando se trate de elecciones locales”.
El padrón migrante habilitado para votar en el país, que desde 2017 ha sufrido un incremento de 153,1%, fue discutido por el Consejo Constitucional. En la propuesta de nueva Constitución que se votará en diciembre se explicita que las personas extranjeras deben contar con “residencia definitiva vigente” como uno de los requisitos para poder sufragar. Eso, a diferencia de la actual Carta Magna, que no menciona el tipo de residencia, aunque para efectos prácticos la gran mayoría de personas extranjeras no cuenta hoy con residencia definitiva.
Vicuña vislumbra también otros dos grandes desafíos en materia de representación y migración. Por un lado, cómo elevar las tasas de participación y al mismo tiempo comprender al elector migrante, pues aquello “podría ayudar a una mayor comunicación y trabajo con las comunidades migrantes y ampliar el relato migratorio. Si los políticos solo hablan de expulsar y todo lo migratorio lo asocian a aspectos negativos, ¿qué interés podría haber en participar?”
Por otro lado, este experto apunta a que es crucial partir de la base de que la población migrante tiene casi las mismas preocupaciones y necesidades que la población chilena: “El discurso público suele separar a ambos grupos, pero a nivel ciudadano encuestas han mostrado bastante concordancia en evaluación de los principales problemas del país y necesidades personales. Lo único que podría diferenciar sería promover políticas que agilicen su proceso de inclusión como convalidación de estudios, mayor agilidad en la entrega de residencias o modificar requisitos para acceso a política pública”.
